Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 02 de mayo de 2023.- El diputado Raúl Bonifaz Moedano anunció en la máxima tribuna del estado, la presentación de la iniciativa por la que se propone adicionar una fracción (la VI) al Artículo 23 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de Inelegibilidad de aquellas personas que aspiran a un cargo de elección popular en caso de que hayan sido condenados por violencia familiar, violencia contra la mujer o sean deudores alimentarios.
Dicha propuesta, señaló el diputado por MORENA busca homologar y armonizar la Constitución Local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las reformas a los artículos 38 y 102, realizada por el Congreso de la Unión relativas a la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
La reforma aprobada por el Congreso de la Unión, consiste en suspender los derechos y prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
En ese sentido, sostuvo Bonifaz Moedano, la propuesta planteada ante el pleno del Congreso, también tiene como finalidad que aquellas personas que han sido condenadas por resolución firme por violencia contra la mujer, delitos sexuales, violencia política contra la mujer o sean deudores alimentarios no puedan acceder a cargos públicos ya de elección popular o de libre designación.
Mi compromiso, dijo, es con las mujeres, niñas y niños de Chiapas. Buscamos que personas honestas y probas sean las que gobiernen nuestro destino social, no queremos ni violentadores de mujeres y de niños o desobligados que incumplen con el sostenimiento de su propia familia.
Ante las y los diputados, enfatizó que: “El ejercicio de cualquier cargo público debe presuponer un gran compromiso social y familiar, de respeto, y de cuidado por los demás, en ese sentido si alguien ha incumplido con deberes tan básicos como el respeto por los indefensos, incluso para el caso de que se trate su propia familia ¿Qué podría esperar la sociedad de esa persona? ¿Qué podría esperar el pueblo si uno de sus líderes carece de toda legitimidad por haber lastimado a una mujer, a un niño?
En ese sentido, resulta una norma plenamente constitucional, es decir un acuerdo político básico de que se exija a cualquier servidor público que su comportamiento sea respetuoso de las mujeres, niños y de la familia, se insiste que se busca que nuestros gobernantes tengan el mayor compromiso, vocación y respeto por los demás.
